Ley eléctrica en juicio: ¿cuánto costará la decisión de cuatro ministros?


La Ley de Electricidad de 2021 no es inconstitucional, ha dictaminado el Tribunal Supremo. El presidente no necesitó una mayoría para lograr una victoria política, 4 de 11 votos fueron suficientes. Con esta decisión de la máxima jurisdicción, se mantiene entre otras cosas una ley que da preferencia a la CFE a la hora de “despachar” energía eléctrica, cualquiera que sea su costo y su carácter “limpio o sucio”, se mantiene la energía que produce. Es un triunfo para la CFE y su director Manuel Bartlett. Habrá una nueva ola de litigios y, quizás, litigios comerciales a gran escala. ¿Cuánto costará esta decisión? ¿Quién pagará estos costos? ¿Cómo hacer las cuentas?

López Obrador gana mucho en política porque deja claro que no solo tiene popularidad, sino capacidad para alinear a la Corte Suprema con su proyecto, por sumisión o por condena. “No me vengan con ese cuento de que la ley es la ley”, dijo el presidente el día antes de la deliberación de la Corte Suprema. ¿Fueron ministros y ministras los destinatarios de este mensaje? El caso es que AMLO obtuvo los votos que necesitaba. Los cuatro son parte de un mensaje interesante. Corresponden a dos ministros propuestos por él, Loretta Ortiz y Yazmín Esquivel, quienes formaron un “equipo” con dos ministros propuestos por Felipe Calderón, el Presidente de la Corte, Arturo Zaldívar y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Para dejar las cosas claras, el Ministro del Interior se presentó el día anterior a la decisión en la sede del Tribunal Supremo. La intervención del secretario pudo haber sido más discreta, pero el señor Adán Augusto por estos días no es proclive a las sutilezas (recuerde Sonora). Ojalá no pasen 13 años para que el ministro Zaldívar ofrezca una versión de lo ocurrido el miércoles con esa visita. ¿Cuánto le cuesta esta decisión al Tribunal Supremo? ¿Se compensa este costo con la ganancia que supone el aplauso de los partidarios del presidente? Es difícil medir estos intangibles. Hay cosas en la vida que no tienen precio, como dice el gran anuncio de tarjetas de crédito.

El triunfo político tiene un precio económico. ¿Qué impacto tendrá sobre la inversión privada, sobre los costos y precios del sector eléctrico y sobre el PIB? La inversión privada que se pone entre dos interrogantes no es sólo la que corresponde al sector eléctrico. Hay sectores que son usuarios intensivos de electricidad y que necesitan un suministro garantizado en condiciones de precio adecuadas y generado por fuentes de energía “limpias”. Industria automotriz, aeronáutica, siderúrgica, electrónica… Para ellos, las señales que emite México son contrarias a lo que necesitan para tomar la decisión de invertir aquí. En el gobierno, no importa que ya no estemos entre los 25 países más atractivos para invertir, según AT Kearney. Esta no aparición puede ser relevante en un momento en que se redefinen las cadenas productivas globales. Estados Unidos necesita acercar a casa las inversiones que actualmente se realizan en Asia. México es la mejor opción, pero insiste en presionar a su compañero para mantenerlo a raya. En el gobierno, hay quienes creen que la inversión sucederá pase lo que pase. Otros piensan que es irrelevante que la inversión prefiera migrar a otros países.

¿Habrá consecuencias bajo el T-MEC? El presidente está convencido de que sus planes para el sector energético no violan un acuerdo comercial que afecta a un tercio de nuestro PIB, solo en exportaciones. Estados Unidos piensa lo contrario. La Representante Comercial Katherine Tai lo dijo muy claro y el Embajador Ken Salazar lo dijo de una manera algo confusa. ¿Qué hará Estados Unidos? ¿Qué harán los otros países que tienen grandes inversiones, como Canadá y los de la Unión Europea? ¿Cómo reaccionará México? ¿Qué pasará en el Congreso con la Contrarreforma? El Presidente está convencido de que no pasará nada, que hay muchos ladridos pero pocos mordiscos. Él piensa que el tope del 46% en el mercado eléctrico mexicano es suficiente para los socios comerciales. Este porcentaje implica más actividad que la que ofrece el mercado en su conjunto en todos los países de América Latina excepto Brasil. La apuesta de AMLO y su equipo parece ser que las empresas opten por negociaciones extrajudiciales con la CFE y el gobierno mexicano. Así como Sempra Energy (ex-Ienova, administrada en México por Tania Ortiz Mena) y los dueños de los gasoductos. Es una apuesta arriesgada. Las empresas pueden optar por presentar demandas por un valor de entre $ 10 mil millones y $ 40 mil millones. Es una apuesta arriesgada ya que los “Hawks” estadounidenses podrían optar por descafeinar el T-MEC y reducir el compromiso de integración a largo plazo con México. ¿A alguien en el Palacio Nacional le importa? Todo parece indicar que la prioridad es la revocación del mandato.

lmgonzalez@eleconomista.com.mx

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